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Matrimonio Igualitario

Exposición de Constanza Moreira. Cámara de Senadores, 2 de abril de 2013

“Señor Presidente: voy a empezar mi intervención hablando del origen de este proyecto de ley y a celebrar el estar votando un proyecto raro desde el punto de vista de su origen y del procedimiento por el que llega. ¿Por qué digo que es un proyecto de ley raro? Porque de los proyectos de ley aprobados en cada Legislatura, el 70% proviene del Poder Ejecutivo y solo el 30% es de origen parlamentario.
Este proyecto de ley tiene aparentemente un origen parlamentario, pero en realidad emana de la sociedad civil, hecho que lo hace aún más raro. Estos proyectos que emanan de la sociedad civil y llegan al Parlamento ponen de relieve que este es un lugar donde no solo se legisla según la iniciativa del Gobierno, sino también de acuerdo con el interés de la gente. Diversos estudios politológicos muestran que los proyectos de ampliación de derechos que se han votado en la última década en este país tienen exactamente ese origen: proceden de la sociedad civil, se los apropian las bancadas parlamentarias y luego terminan modificando un estado de cosas. En esa situación tenemos el proyecto de ley de despenalización del aborto, el de modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia con relación a las adopciones, y también los relativos a los derechos humanos, a la violencia doméstica y ahora al del matrimonio igualitario. Entonces, empiezo por celebrar esto que he dado en llamar “una alianza virtuosa entre el Parlamento y la sociedad civil”, que es la que dio origen al proyecto que hoy estamos considerando.
También quiero señalar que este proyecto de ley está en agenda por lo menos desde el inicio de la Legislatura. Recuerdo que cuando algunos de sus proponentes vinieron a conversar conmigo y con otros Senadores, muchas mujeres dijimos: “Primero queremos votar la despenalización del aborto y después seguimos con el matrimonio igualitario. Vayamos por partes”. Pero tengamos en cuenta que este proyecto de ley tiene mucho estudio y trabajo; por lo menos el que conozco tiene tres años de preparación, de trabajo y de modificación.
El camino que se ha tomado sin duda es controversial y así se ha señalado aquí varias veces. Se podría haber creado un instituto propio, el del matrimonio gay o el del matrimonio homosexual, pero se optó por modificar todo el Título del Código Civil que refiere al matrimonio. En lo personal, prefiero este camino pero por otras razones distintas de las que se han señalado en esta Sala.
El proyecto de ley es igualitario en el sentido de que va más allá del problema de la diversidad sexual o de la orientación sexual de las personas; permite el divorcio por la sola voluntad de los cónyuges. Estoy de acuerdo con lo expresado por el señor Senador Gallinal en cuanto a que tendríamos que evolucionar hacia una institución matrimonial que, dado el carácter voluntario de ese contrato que es el matrimonio, pueda disolverse por la voluntad de los cónyuges. Se mantienen las causales; para mí el adulterio o la infidelidad pertenece al terreno de lo íntimo y no quisiera que figurara como causal, menos aún como estaba prevista antes por el adulterio de la mujer. Pero, en fin, no pudimos avanzar todo lo que queríamos, pero adelantamos bastante.
También está la disolución del vínculo por la voluntad de ambos cónyuges. Además hay algo que fue muy controvertido pero es lo que más me gusta del proyecto de ley, y es que las parejas podrán decidir inscribir al niño con el apellido de la mujer antes que el del hombre. Esto me parece muy igualitario y bastante revolucionario. El apellido de la mujer va a dejar de estar invisibilizado o secundarizado con relación al apellido del hombre y ahora las mujeres podrán ubicar su apellido primero.
En tercer lugar, tenemos que antes las niñas podían casarse a los 12 años –¡a los 12 años!– y los varones a los 14. Esto nos mereció varias condenas de Naciones Unidas –incluyendo una de la Cedaw–, pero ahora la edad mínima para casarse por parte de ambos por igual –tanto de niñas como de niños– será de 16 años. En esto quiero hacer un reconocimiento a la labor del señor Senador Pasquet por cuanto trabajó en este tema.
No se eliminan las causales y el adulterio se iguala para ambos cónyuges; sin duda, lo que tenemos ahora es mucho mejor que lo anterior. Insisto en que el proyecto de ley implica algo más que la posibilidad de que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio con todos los derechos a él asociados.
¿Cuál es el fundamento general sobre el que se ha hablado acá y en el que me parece que hay un cierto consenso? Que hoy la familia ya no es el padre, la madre y los hijos. Hace un par de décadas, el sociólogo Carlos Filgueira –fallecido– en el marco de la Cepal escribió un trabajo que llamó “La Revolución Silenciosa Uruguaya”. Decía Carlos Filgueira: “La familia nuclear está en franco retroceso en relación con otros arreglos familiares”.
¿Qué fenómenos están llamados a tener un carácter permanente en nuestra sociedad? En primer lugar, el aumento de la tasa de “divorcialidad”. No se oculta a nadie que cada vez la gente se divorcia más.
Por otro lado, está la reducción del número de años promedio de duración de los matrimonios; puede gustarnos o no, pero es así. Es decir, el matrimonio heterosexual para toda la vida, lejos de ser lo normal, se está transformando en una excepción.
En segundo término, es notorio el aumento de las uniones libres. A ver; hay cosas del matrimonio que me parecen muy buenas porque creo que ha protegido a las mujeres –por eso es que las mujeres siempre quieren casarse y los hombres no–, pero el aumento de las uniones libres –que a veces no necesariamente va en beneficio de la mujer– manifiesta que hay una reacción social contraria o paralela al matrimonio.
En tercer lugar, tenemos el crecimiento de la familia monoparental –es decir, de la jefatura femenina sin cónyuge– en distintos estratos sociales, el de la madre que tiene varios hijos, y con los consiguientes apellidos, con suerte. Como señalaba alguien que trabajaba en un consultorio jurídico de la periferia, una vez fue una madre con varios hijos que tenían distintos apellidos y le dijo: “Mire, ¿sabe una cosa? Usted no le puede poner mi apellido porque tengo un lío con esto y quiero que todos se llamen igual”. Ahora, con este proyecto de ley, eso va a ser posible. La jefatura femenina sin cónyuge, monoparental, tiene que ver con un fenómeno sobre el que Carlos Filgueira también llamó la atención: muchas veces, cuando el hombre se separa, no lo hace solo de la mujer sino también de su familia, y luego decide armar una nueva a la que dedica en exclusividad toda su atención. En parte, el Sistema Nacional de Cuidados hemos tenido que pensarlo –repito: en parte– como dedicado a compensar las consecuencias negativas de la ausencia paterna de miles de familias uruguayas.
La aparición de nuevos arreglos familiares –que voy a llamar con el nombre de una película: “Los tuyos, los míos y los nuestros”–, es un fenómeno cada vez más recurrente en nuestra sociedad. Hay familias ampliadas, a veces como resultado de las necesidades de cuidado o del aprovechamiento de la infraestructura. Nosotros, lejos de ir evolucionando hacia la familia nuclear, tenemos dos evoluciones distintas: por un lado, cada vez más gente vive sola y, por otro, cada vez más personas viven con los padres, los tíos, etcétera.
Finalmente, está el aflojamiento de la llamada “moral arcaica” –a la que varios señores Senadores se han referido en el día hoy–, que permite que las diferentes orientaciones sexuales puedan manifestarse más o menos libremente.
Hoy casi todo el mundo admite que las orientaciones sexuales diferentes no constituyen ningún síndrome psiquiátrico. De hecho, las excluyeron de la lista de las enfermedades mentales –¡por suerte!–, pero de esto ya hace más de cuarenta años. O sea que ser homosexual ya no es un problema de enfermedad mental y aunque la homosexualidad es más tolerada y aceptada, se ha transformado en parte de nuestra vida cotidiana.
El reconocimiento de los derechos a una vida feliz y plena de las parejas no heterosexuales, sin duda está en el centro de la preocupación del bien llamado matrimonio igualitario. Especialmente relevante a tales efectos son las posibilidades de adopción por parte de una pareja –cuyos integrantes sean del mismo sexo– de elegir el apellido de la madre o del padre para encabezar el nombre y de la obligación igual de los cónyuges sobre la administración del otro. Quiero decir que es algo a lo que todavía me resisto; y me refiero a que las mujeres terminen financiando las pensiones congruas de los hombres. Es un tema que abre este proyecto de ley, pero después veremos y estudiaremos cómo evoluciona, sobre todo en un país y en un contexto donde las mujeres van teniendo –cada vez más– un nivel educativo superior al de los hombres.
Sobre los fundamentos generales que tienen que ver con los valores, creo que vale la pena que nos hagamos la pregunta: ¿de qué hablamos cuando dialogamos de valores? Ninguna sociedad descansa sobre un consenso valorativo. Puede ser que tengamos consensos valorativos con los más próximos, con la familia, con los amigos, pero en las sociedades complejas no hay consenso valorativo. Lo que tenemos son unos consensos para darnos unos modos de decidir las cosas que nos afectan en común cuando no estamos de acuerdo. Sin embargo, las reglas, las normas y las leyes existen justamente porque no hay consenso de valores, sino diferencias de valores; si todos creyéramos o prefiriéramos lo mismo, no necesitaríamos normas ni leyes ni códigos ni Constitución alguna.
Normalmente escucho decir por todos lados: “la crisis de valores”, “valores eran los de antes” o “la pérdida de valores”. Quiere decir que los jóvenes y la sociedad actual perdieron valores que antes eran muy preciados, pero en realidad con esto queremos decir que estos valores ya no se parecen a los nuestros, nos sentimos perdidos y los desconocemos. ¿Son mejores los nuevos valores? ¿Son peores? Creo que eso es finalmente incontestable. Podríamos recurrir a la máxima de Kant, según la cual si todo el mundo hiciera lo mismo, ¿qué sociedad tendríamos? Si estos valores rigieran para todo el mundo, podríamos preguntarnos: ¿cuál sería el resultado social final? Pero como no hay uniformidad de valores, el atajo a la máxima kantiana es inservible. En realidad, las cosas cambian y a los más viejos –sobre esto se habló, sobre la diferencia generacional para entender estos temas– les cuesta adaptarse a lo más nuevo. En las sociedades primitivas los ancianos eran sabios porque habían experimentado más veces las mismas cosas, pero las sociedades cambiaban tan lentamente que el más diestro era el que había hecho más veces las mismas cosas. Nuestras sociedades cambian, no repiten, y a los más viejos les cuesta entender lo nuevo.
En todo caso, este proyecto de ley muestra una adecuación de la norma jurídica a un nuevo sistema de valores, que ya no hay un sistema único de valores y que aquellos valores de sacrificio de la propia vida sobre los que se asentaba la familia, de atención al deber-ser sobre todo para las mujeres –las que ahora se van a trabajar y dejan a los hijos solos en pro de la familia–, deja paso a una sociedad en la que los sentimientos personales, la individuación, la asunción de la propia sexualidad y la pérdida de sentimientos de culpa por no atender al deber social son mucho más importantes de lo que eran antes. ¿Esto es mejor o peor? No lo sé, pero entiendo que si queremos seguir aferrados a las normas jurídicas que protegían aquella vieja familia, condenaremos a muchísima gente a la infelicidad. Y como estoy en política, la felicidad cuenta porque las preferencias de la gente es lo que debe tomarse en cuenta en la elaboración de políticas.
La índole de los rechazos al proyecto de ley que vimos en la Comisión y que también se rastrean en su discusión en la Cámara de Representantes reflejan tres tipos de rechazos: los argumentos de la naturaleza, de la normalidad y de la inutilidad de la norma.
Sobre el argumento de la naturaleza se dice que lo natural es que la mujer sea madre; lo natural son las relaciones heterosexuales. Pero desde que se ha creado la sociedad humana no hay naturaleza, hay cultura. No hay nada más falto de naturaleza que las leyes y las normas que son como la superestructura de esa cultura. Las leyes se oponen a la naturaleza. El mandamiento de la ley de Dios del “No matarás” se opone a la cadena trófica de los animales. Las leyes se oponen a la naturaleza y esto lo sabían los griegos, quienes separaban claramente la convención de la naturaleza. En la convención entraban la política y la ley. Vivimos –diría Hegel– en una segunda naturaleza, que es la que hemos creado. La segunda naturaleza, que es la cultura, va cambiando y, con ella, las normas, los roles y las creencias. Esto está dicho en lo que se refiere al argumento de la naturaleza sobre el cual habló muy bien el señor Senador Pasquet.
Luego está el tema de la normalidad al que quiero referir a continuación. La resistencia al cambio es lo que yo llamaría “el freno conservador”, que es la defensa del statu quo anterior, por más que ello deje afuera de la ley y de cualquier norma a un contingente de personas que de cualquier manera ya viven de otra forma. El freno conservador siempre es excluyente. Puede tener argumentos morales que lo defiendan –no lo dudo–, pero siempre es excluyente porque deja afuera a alguien. Sigue una condición de normalidad que, al mismo tiempo, es sanitaria –¡están enfermos!–, normativa y legal, y trata de desviado o perverso a todo lo que no puede o no quiera ajustarse a la norma. Nunca podremos estar de acuerdo con ello y esta es la razón principal para apoyar el proyecto de ley.
Finalmente se dice: “¿Pero quién se va a casar con este proyecto de ley?”. He hablado mucho con el Colectivo Ovejas Negras, esperando que dentro de tres meses se celebren algunos matrimonios que le den un poco de carne a esta iniciativa. ¡Muy bien! Puede suceder que la gente no se case. A los que he consultado ninguno ha querido casarse. Pero señores: cuando se aprobó el divorcio nadie acudía a ese instituto. Los estudios indican que el divorcio empezó a ser usado y que la curva de divorcio aumenta a partir del año 1969, y que el divorcio es una institución muy anterior a eso. Quiere decir que nosotros aprobaremos hoy una norma que probablemente no tenga un uso generalizado y sistemático por parte de las personas, sino que lo tendrá mucho más tarde.
El proyecto es revulsivo, no por sus consecuencias legales –ahora voy a hablar de los antecedentes legales que ya permiten hacer algunas de las cosas, entre ellas, la adopción, tan resistida en el proyecto de ley–, sino porque confronta lo que se llama “la moral heterosexista predominante”. ¿Qué es el heterosexismo o heterocentrismo? Parte de la suposición de que la normalidad de una persona en relación con su sexualidad estaría dada por su condición de heterosexual. Quiere decir que si es homosexual, está enfermo o es perverso en el sentido freudiano, en tanto no sigue el curso de acción de lo esperado sino otro distinto.
¿Cuál es el resultado práctico del heterosexismo? Es la segregación de los homosexuales en los ámbitos de la vida pública, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en las instituciones públicas de salud y muy especialmente en la esfera educativa. Aconsejo a todos que vean la película “Milk”, donde la comunidad gay en los Estados Unidos se arma y organiza a partir de una iniciativa para impedir que los homosexuales ejerzan la docencia –si mal no recuerdo– en las escuelas secundarias.
¿Cuáles son las vulneraciones más comunes de los derechos de las personas homosexuales? La intolerancia –incluyendo todos los chistes–, la discriminación en los ámbitos educativo, laboral o social: “homosexuales en las Fuerzas Armadas”, “homosexuales que dan clase”, “homosexuales en los ámbitos de la salud”. ¿O acaso no han escuchado la expresión “yo no quiero que mi hijo tenga un maestro o una maestra homosexual porque ¡¿quién sabe qué valores le enseñará?!”?
Por otro lado están los malos tratos físicos y psicológicos, el desconocimiento de los derechos patrimoniales en las uniones de pareja y, sobre todo, el secreto y el ocultamiento de la identidad sexual, lo que lleva a que –como decía el señor Senador Pasquet– en la tasa de suicidios que tenemos, que duplica la tasa de homicidios de nuestro país y afecta especialmente a los jóvenes de entre 15 y 29 años, estén sobrerrepresentados los homosexuales. En consecuencia, sí, señores, tenemos un problema sanitario, pero es el ocultamiento de la identidad y no su portación.
Esta es la renuencia a aceptar el fenómeno de la homosexualidad como normal, pero yo voy a defenderla como tal, no porque sean homosexuales el 50% de las personas –lo son más del 10%–, sino porque es un fenómeno que no depende de épocas ni de culturas; se reconoce en todas las épocas del mundo y, aunque las revisiones y los códigos morales del pasado lo hayan despreciado, de más está decir que es un fenómeno estructural.
La Comunidad de Familias Lésbicas, Gays, Bisexuales, Trans y Homoparentales en Uruguay, que concurrió a las Comisiones del Senado y de la Cámara de Representantes, da dos o tres testimonios. En primer lugar, dice que la homosexualidad no es una preferencia, es una orientación sexual legítima; en segundo término, afirma que no es algo en lo que nos podamos convertir a voluntad, ni con castración química o psicológica; no es una filosofía de vida, no es una moda o algo que pasará, no es un club social al que se entra y se sale cuando se quiere –estoy citando sus palabras–; en tercer lugar, la homosexualidad no es un virus ni una bacteria; no se contagia porque no es una enfermedad.
Los estudios científicos disponibles, de las academias de pediatría, psiquiatría y psicología –en general de los Estados Unidos de América– han sido contestes en señalar que los hijos que crecieron en hogares homosexuales no tienen diferencia alguna respecto a los hijos criados en hogares heterosexuales. Son estudios de la American Sociological Review del año 2001, de la American Psychological Association de 2005 que reseña 59 estudios, así como también de la American Academy of Pediatrics, la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, etcétera. La Universidad de Nueva York, reseñando el conjunto de esos estudios, señala textualmente: “en escasas ocasiones existe un consenso tan amplio en cualquier área de las ciencias sociales como en el caso de las familias con progenitores gays, por lo que la American Academy of Pediatrics y todas las grandes organizaciones profesionales con experiencia en el bienestar de los menores han emitido informes y resoluciones apoyando los derechos de gays y lesbianas como progenitores”. Aclaro que todo Naciones Unidas ha consultado a estos expertos.
Sin embargo, la Universidad de Montevideo nos trae un estudio publicado en la revista Social Science Research que se titula “¿Cuán diferentes son los hijos adultos de padres con relaciones homosexuales?”. Este estudio, que –según ellos– da por tierra con todos los anteriores, se basa en una encuesta de dos mil casos y muestra la diferencia entre los hijos con “familias biológicas intactas” y aquellos que tienen madres lesbianas o padres homosexuales. Dice que los hijos de madre lesbiana o padre homosexual trabajan menos, rinden menos en la escuela, consumen más cigarrillos, miran más televisión, han sido más veces arrestados y consumen más marihuana. ¡Esto es impresionante! Por supuesto que al estudio le faltó un pedazo de la muestra, que sería la diferencia entre los hijos de familias con madre lesbiana o padre homosexual y aquellos de familias adoptadas, porque solo tenemos lo normal, que es la “familia biológica intacta”.
¿Qué significa este estudio? Darle un estatus “sanitario” a la prohibición de casarse y adoptar niños. No olvidemos que los argumentos sanitarios son los primeros a los que recurre la ciencia normal, pero darle estatus sanitario es parte integral de una actitud valorativa y, últimamente, ideológica.
Si quisiéramos retroceder algún casillero podríamos investigar el desempeño de los estudiantes de profesores homosexuales comparados con aquellos que han tenido profesores heterosexuales, o el de los pacientes de profesionales de la salud homosexuales con los pacientes de profesionales heterosexuales, y por ahí vamos.
¡Asumamos la realidad! Las parejas homosexuales ya pueden adoptar niños y vivir en unión concubinaria. Veamos los antecedentes legales que son –según creo– los que dan pie a que este proyecto de ley termine de cerrar un círculo que otras leyes empezaron.
Cuando hablamos de antecedentes legales, los primeros que se citan son los artículos 8º, 72 y 332 de la Constitución de la República. ¿Por qué? La doctora Michelle Suárez, que redactó la base de este proyecto de ley que luego fue modificado, que es su mentora, señaló en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado que los derechos van evolucionando a lo largo del tiempo y responden al desarrollo de cada una de las sociedades, pero deben existir válvulas que permitan incorporar derechos que en el momento de creación de la Carta Magna no eran concebidos como tales. Para eso usamos –en esta Casa se utilizan todos los días– los llamados “inherentes a la personalidad humana” o que “se derivan de la forma republicana de Gobierno”.
¿Qué interpreta la doctora Michelle Suárez? Que el Estado debe proteger el derecho de “todos” a constituir una familia. Eso sí está dentro de los derechos. Si el Estado no concediera a algunos el derecho de constituir una familia, estaríamos discriminando.
Fuera de la Constitución, el principal antecedente de este proyecto de ley es la ley n.º 18.246, de Unión Concubinaria, de 2007. La licenciada Valeria Rubino, quien compareció a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes por el colectivo Ovejas Negras, dice que esa norma “es un salto muy importante no solo para la vida de las personas sino también para la concepción de familia que subyace a nuestras leyes. Consagra un reconocimiento legal de otras situaciones familiares, que no son el matrimonio”. Más adelante, agrega: “reconoce una alianza afectiva, base del arreglo familiar, y también reconoce y consagra una serie de derechos y obligaciones ineludibles para cualquier ciudadana uruguaya o ciudadano uruguayo que conforme una familia del tipo que sea”.
Creo que sobre las consecuencias de la ley de Unión Concubinaria estamos todos de acuerdo, es decir, todos sabemos que por esa norma las parejas homosexuales pueden legalizar su vínculo.
Otro antecedente legal es el Código de la Niñez y la Adolescencia, que modifica el proceso de adopción. Ello da por tierra con las diferencias entre las familias “biológicas legítimas” –como dice el estudio de la Universidad de Montevideo– y los hogares con hijos adoptados en los que la adopción es plena y contraen todos los derechos que derivarían de una familia “biológica legítima”.
Quiero citar –porque fue un caso traído a la Comisión– la Sentencia n.º 398, de 14 de noviembre de 2012, del Tribunal de Apelaciones de Familia de 2.º Turno en el caso López Ruben y otros. En este caso, dos hombres solicitan la adopción plena de un niño, hay una apelación a la sentencia del doctor Jonny Silberman que dice que no y la argumentación que termina de resolver el tema señala que “la ley permite la adopción por concubinos, más en los casos en que la unión concubinaria de los actores ha sido reconocida judicialmente; la adopción por una pareja de concubinos del mismo sexo está permitida por la ley y si hubiera tal duda, la interpretación de la norma debe serlo en función del interés superior del adolescente”. La sentencia cita tres textos jurídicos para demostrar que ya está permitida la adopción de niños por parte de parejas homosexuales.
En primer lugar, menciona a Mabel Rivero y Beatriz Ramos en el texto “Adopción. Nuevo Régimen: Ley 18.590 de 18 de setiembre de 2009”, publicado por la Fundación de Cultura Universitaria, en cuanto a que no existe en nuestro ordenamiento jurídico y en la medida en que se cumplan las exigencias legales y la adopción responda al interés del menor de edad, obstáculo alguno para que la adopción –se entiende, entre concubinos del mismo sexo– pueda tener lugar.
En segundo término, cita a Arezzo en “La nueva adopción desde la ley 18.590” en el n.º 22 de la Revista Uruguaya de Derecho de Familia, donde dice que “las condiciones que la nueva ley reclama en los adoptantes son más amplias… hoy pueden serlo tanto un soltero como una pareja de cónyuges o concubinos y desde que se admite la declaración de unión concubinaria de homosexuales, éstos tanto individual como concubinos podrán adoptar”.
En tercer término, cita a Ruben Santos Belandro en “La Ley 18.620 sobre identidad de género y el orden público internacional”, en el n.º 22 de la Revista Uruguaya de Derecho de Familia, donde dice que “con la aprobación de la ley… se elimina todo obstáculo a la adopción de menores por personas homosexuales en cuanto se cumpla con lo previsto en el artículo 141, lit. A”…
Finalmente, en el mes de junio pasado, un juzgado de segunda instancia reconoció un matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en el extranjero, basándose en argumentos similares a los que se presentan en este proyecto de ley.
El último paso que cierra el círculo de estos derechos que son complementarios y coadyuvantes es el de la consagración del matrimonio igualitario. Claro está que alguien me puede decir: “Si ya tienen todas estas leyes, ¿para qué quieren el matrimonio igualitario?” Esto también se señaló en Comisión y por eso voy a citar a la doctora Michelle Suárez, redactora del proyecto. Dice así: “Si dos institutos consagran los mismos derechos y supuestamente ambos son vigentes en el mismo ordenamiento al mismo tiempo, uno de los dos debe desaparecer”. Por lo tanto, si la unión concubinaria tuviera la misma extensión e intención jurídica que el matrimonio, haríamos saltar el matrimonio. Pero la unión concubinaria surgió para amparar situaciones “de hecho” dentro del Derecho o para quien no quiere contraer matrimonio. Dice la doctora Suárez: “el matrimonio es un acto solemne en el que se cumplen mínimas formalidades, mientras que la unión concubinaria es un hecho social al cual el Derecho le da trascendencia jurídica”.
A continuación, hay una consideración sobre la Ley de reproducción asistida y la necesidad de adecuar ambas normas. Sobre esto se ha discutido mucho y se ha dicho que hasta que no se apruebe el proyecto de ley sobre técnicas de reproducción humana asistida –creo que ese fue el argumento del doctor Juan Andrés Ramírez, que asistió a la Comisión junto a la doctora Luz Calvo, quien por cierto no estaba de acuerdo con él– no se solucionará la problemática de la “progenitura jurídica” en el matrimonio igualitario, que tiene que ser resuelta por otra ley. Al respecto, la doctora Luz Calvo dice: “No podemos tener una venda en los ojos y olvidarnos de que en nuestro país, desde hace décadas, están naciendo niños con técnicas de fertilización asistida”. Señala: “Me da miedo que todo lo que pase con las técnicas de fertilización asistida termine estableciéndose, con límites, en un contrato privado que celebren los dueños de la clínica y las personas que se van a someter a ese procedimiento” y concluye: “Creo que se debe legislar, y en forma conjunta, en cuanto a la ley de matrimonio igualitario. No es una cosa antes que la otra; todo tiene que hacerse junto porque nosotros vamos a admitir que existe otro tipo de filiación. Tradicionalmente la filiación era por naturaleza, cuando provenía de la conjunción carnal de un hombre y una mujer, y por adopción. Actualmente nos tenemos que preguntar: ¿hay ahora un tercer tipo de filiación, que deviene de una técnica de reproducción asistida? Me parece que sí, que existe en nuestro país, aunque no está regulada”. Vamos a regularla. En la Comisión de Salud Pública estamos trabajando en ello y modificando el proyecto de ley sobre técnicas de reproducción humana asistida puesto que el artículo 1.º establece que pueden acogerse a estas técnicas parejas heterosexuales estériles y se define la esterilidad como una enfermedad. Queremos evitar que la esterilidad sea definida de esa forma y que el artículo 1.º solo refiera a las parejas heterosexuales.
En síntesis, es un proyecto revolucionario en tanto supone cambios profundos a una legislación antigua. El proyecto en sí cambia algunas cosas, pero no todas. Lo esencial de la institución matrimonial queda en pie y voy a hacer referencia a lo que antiguamente se llamaba “la familia burguesa”, que tenía tres pilares: la primogenitura, la herencia y el adulterio, que eran normas básicas para la institución familiar así entendida. La prohibición del adulterio básicamente era para impedir que las mujeres tuvieran hijos fuera de la institución matrimonial, pero con la invención de la píldora las mujeres cobraron otros márgenes de libertad para tener hijos fuera de la familia. Como ven, innovamos, pero no tanto porque los derechos de herencia y la causal del adulterio se mantienen.
Con respecto al nombre “matrimonio igualitario”, debo decir que a mí me gusta. El señor Senador Gallinal objetaba en la Comisión que el nombre no hace referencia a nada que esté dentro del texto, pero los nombres de las leyes tienen que ser genéricos. En las reuniones sobre técnica legislativa –adonde concurrimos con el señor Senador Penadés–, estamos trabajando en la elaboración de manuales de técnica legislativa para que las leyes tengan nombre y no solo número, porque en este último caso se vuelve infinitamente complejo buscarlas.
Como ya mencioné, el proyecto de ley innova en aspectos fundamentales. Quizá el más importante sea que se eliminan las referencias femeninas, por ejemplo: esposa, mujer, madre. A mí no me gusta que la “madre” no exista más en el instituto del matrimonio, pero todo se sustituye por expresiones genéricas y, como las militantes del género siempre reclamamos que se usen expresiones genéricas para no designar como masculino a aquello que es universal, aceptamos de buen grado que se eliminen las referencias femeninas.
Asimismo, se iguala en varios aspectos, como por ejemplo en el adulterio como causal de separación, la separación por sola voluntad de los cónyuges, la fijación de la pensión alimenticia, la edad de casamiento, etcétera.
Lo que más me gusta de este proyecto de ley es el tema del cambio de nombre. El apellido podrá ser indistintamente el de la madre o el del padre. Se cedió a algunas presiones y se dijo que si no había acuerdo se aplicaría la regla anterior, es decir que iría el del padre primero. “En nombre del padre” no solo es el título de una película, sino que es la referencia más clásica a la norma patriarcal en la que se sustenta el fundamento de toda autoridad. “En nombre del padre” también es la referencia bíblica de la que se sustancia la concepción patriarcal del mundo y de la vida. Me parece que cambiar el nombre del padre y hacerlo indistinto con el de la madre es una muy significativa alteración de orden simbólico. Antes los hombres pensaban que tener una hija no les iba a permitir “perpetuar el apellido”, es decir, no tendrían descendencia con su nombre, pero ya no será así; por su parte, el apellido de la mujer, invisibilizado y secundarizado durante siglos, resplandecerá. Este, señor Presidente, me parece uno de los aspectos más igualitarios del proyecto de ley.
A su vez, propusimos que se incluyera en la reglamentación de la ley que a las parejas que vayan a casarse se les entregue el texto del proyecto que vamos a aprobar ahora y alguna explicación menos leguleya para que las personas menos avezadas sepan a qué atenerse cuando contraigan este vínculo. Todos estamos trabajando para que las personas se apropien de los derechos que votamos en esta Cámara. Este paso nos parece indispensable.
En mi opinión, este es un gran proyecto. Considero que, junto a la despenalización del aborto y la ley concubinaria, el matrimonio igualitario constituye una señal, señor Presidente, de que al menos en el terreno de los derechos el Uruguay va, lentamente, acompasándose con su propia historia y poniéndose no solo a altura de las circunstancias, sino también de las expectativas de la mayoría de sus ciudadanos.
Gracias, señor Presidente”.